Ayer, Día Internacional de la Madre Tierra
El INPI y diversas ONG demandaron su publicación en lenguas
indígenas
▲ La
Unisphere, estructura de acero que representa la Tierra, en el parque Flushing
Meadows-Corona de la ciudad de Nueva York.Foto Afp
De la Redacción
Periódico La Jornada
Viernes 23 de abril de 2021, p. 9
Con su promulgación ayer en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), entró en vigor el Acuerdo de Escazú, instrumento ratificado
por México en enero pasado ante la Organización de Naciones Unidas, que busca
garantizar los derechos de los defensores del medio ambiente.
El documento señala que los estados firmantes deben formar y
sensibilizar a sus funcionarios públicos y jueces en materia de derechos
humanos vinculados con la defensa del ambiente, así como aplicar el principio
de máxima publicidad en información en esta materia.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la
Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, el Foro Indígena Internacional
sobre la Biodiversidad y la Federación Indígena Empresarial y Comunidades
Indígenas de México coincidieron en la necesidad de poner en práctica en los
pueblos originarios y en las lenguas maternas los principios asentados en dicho
acuerdo, que representa el primer instrumento regional jurídicamente vinculante
en la materia.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en
América Latina y El Caribe, firmado en Escazú, Costa Rica, en 2018, señala,
entre otros puntos, que cada uno de los estados firmantes “asegurará que se
oriente y asista al público –en especial a las personas o grupos en situación
de vulnerabilidad– de forma que se facilite el ejercicio de sus derechos de
acceso”, y “garantizará un entorno propicio para el trabajo de las personas,
asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del medio
ambiente, proporcionándoles reconocimiento y protección”.
En materia de transparencia, indica que los estados deben
garantizar el derecho del público al acceso a la información ambiental que está
en su poder, control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima
publicidad.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
de la Secretaría de Gobernación celebró la entrada en vigor del acuerdo, y sostuvo
que continuará incentivando la coordinación con todas las autoridades para
cumplir las obligaciones del instrumento. “El gobierno federal reitera el
compromiso de propiciar un entorno seguro para la promoción y defensa de los
derechos ambientales y se reconoce a las personas defensoras, quienes
contribuyen y fomentan el uso sostenible de los recursos naturales”, entre
otras acciones.
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